Simplificación y digitalización ya

Proceso Jorge Bravo

Con el anuncio de la Ley Nacional de Simplificación y Digitalización por parte de la presidenta Sheinbaum y el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Antonio Peña Merino, parece que estamos ante un momento crucial para transformar la relación entre el gobierno y los ciudadanos. La nueva ley busca reducir 50% los trámites y que 80% estén disponibles en línea.

La promesa de la simplificación administrativa ha sido un tema recurrente, pero pocas veces se ha materializado de manera efectiva. Desde la época de José López Portillo, pasando por el programa de gobierno electrónico de Vicente Fox, hasta la identificación del trámite más inútil durante la administración de Felipe Calderón, la simplificación ha sido más un discurso que una realidad.

Los mexicanos seguimos enredados en una maraña burocrática que consume tiempo, dinero, paciencia y confianza: en promedio, una persona realiza 486 trámites durante su vida, de los cuales 85% son estatales o municipales, aunque hay gobiernos locales más eficientes que el federal.

La simplificación administrativa es una cuestión de eficiencia, pero requiere la genuina voluntad política de adoptar tecnologías digitales para eliminar trámites innecesarios, hacerlos más sencillos y transparentes, y mejorar la relación entre gobierno y ciudadanos.

Además, es una herramienta poderosa para combatir la corrupción: reduce la necesidad de interactuar con intermediarios y funcionarios que aprovechan su posición para obtener beneficios personales. Gracias a la irrupción de las TIC, la corrupción deja de ser un problema cultural y se convierte en un asunto técnico, fácil de resolver con la digitalización.

El anuncio de la Ley Nacional de Simplificación y Digitalización (todavía no se presenta en el Congreso) busca eliminar las trabas burocráticas que enfrentan tanto personas como empresas. Uno de sus objetivos es homologar trámites, requisitos y tiempos de resolución, lo cual permitirá que los ciudadanos accedan a sus derechos de manera más rápida y eficiente. La ley pretende adoptar buenas prácticas regulatorias en línea con el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La ATDT, encargada de implementar la ley, tiene una tarea monumental. Según el Reglamento Interior de la Agencia, esta dependencia coordinará la simplificación y digitalización de trámites, promoverá la interoperabilidad de los sistemas de información, la adopción de la identidad digital y la creación de un Portal Único Ciudadano de Servicios. Este portal será la “ventanilla” para que personas y empresas puedan realizar trámites en línea sin tener que acudir físicamente a las oficinas gubernamentales.

Para que la simplificación y digitalización sean efectivas, se requieren varias condiciones. En primer lugar, es necesario contar con una infraestructura tecnológica robusta que permita la interoperabilidad entre los diferentes sistemas de gobierno. Esto implica que las bases de datos de las distintas dependencias puedan comunicarse entre sí, lo cual facilitará la automatización de trámites y reducirá la necesidad de que los ciudadanos presenten documentos que el gobierno ya tiene. Precisamente, la ATDT tendrá acceso y gestión de todas las bases de datos de la administración pública federal para interoperar los sistemas a escala nacional. Este es un poder digital enorme.

Segundo, se necesita un marco legal claro que garantice la validez de los documentos digitales y la firma electrónica avanzada. Esto es primordial para que ciudadanos y empresas puedan confiar en los trámites en línea y no tengan que recurrir a versiones físicas de los documentos.

Tercero, contar con un programa de capacitación y formación de talento digital para los servidores públicos, que les permita entender y manejar las nuevas tecnologías. La simplificación implica cambiar los procesos, pero principalmente la mentalidad y la cultura burocrática de quienes los ejecutan. La ley prevé crear un Centro Nacional de Tecnología Pública y una Escuela Pública de Código, para formar a los servidores públicos en áreas como desarrollo de software, programación y telemática.

Finalmente, es necesario un esquema de inclusión digital que garantice que todos los ciudadanos, independientemente de su ubicación geográfica o escala de ingresos, puedan acceder a los beneficios de la simplificación y digitalización. No todos tienen acceso a internet; para ellos deben crearse brigadas de facilitadores (por ejemplo, del programa Jóvenes construyendo el futuro) que les permita realizar trámites en línea vía puntos de acceso público, sucursales o espacios en dependencias oficiales.

Uno de los modelos más avanzados de Estado digital es Estonia, país que ha digitalizado casi la totalidad de sus trámites gubernamentales. Los estonios votan, pagan impuestos, registran empresas y acceden a servicios de salud en línea, todo ello con un alto nivel de seguridad y privacidad. La clave del éxito estonio ha sido la identidad digital única que permite a los ciudadanos acceder a todos los servicios públicos con un solo identificador.

La ATDT creará la Llave MX, una identidad digital para acceder a los servicios de manera segura y eficiente. Para que este sistema funcione, es necesario garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a esta herramienta, lo cual implica crear la identidad digital y alfabetizar a la población.

La población es desconfiada de la autoridad y puede creer que el gobierno busca tener un control digital sobre sus actividades, como el pago de impuestos. Sin embargo, las personas ya experimentamos los beneficios de la transformación digital durante la pandemia, por lo que están creadas las condiciones para avanzar rápidamente en la simplificación y digitalización. 

La futura Ley Nacional de Simplificación y Digitalización es una oportunidad histórica para transformar la relación entre gobierno y ciudadanos y, ahora sí, que nadie se quede atrás, porque es una cuestión de justicia. Eliminar trámites innecesarios, reducir la corrupción y mejorar la relación y confianza entre el gobierno y la población es prioritario.

Por primera vez se observa la cuadratura del círculo: voluntad política, tecnologías disponibles, enfoque inclusivo y ejercicio de derechos. México puede convertirse en el primer Estado digital de América Latina.

X: @beltmondi