Las plataformas son un habilitador de derecho del empleo y no debería ser sobrerregulado

Representantes de plataformas de reparto y de socios repartidores, criticaron los intentos de regulación del sector por los gobiernos de múltiples países, ya que usualmente ignoran los beneficios que ofrecen las plataformas como una alternativa flexible para generar ingresos.

Vicente Roqueñí López, director Senior de Relaciones con Gobierno y Política Pública para América Latina de DiDi, afirmó que existe ignorancia entre los reguladores respecto a cómo funciona el sector, ya que pese a haberse consolidado como una alternativa para la generación de ingresos, aún se buscan imponer conceptos tradicionales como la relación de patrón a empleado.

“Las plataformas han demostrado ser un motor de inclusión económica en América Latina. En la región, las plataformas han contribuido a combatir la pobreza para que las personas accedan a ingresos flexibles y como alternativa a la informalidad”, a la vez que son un habilitador al derecho de “libertad de cómo generar ingresos”.

Por su parte, Isabella Mariño, jefa de Asuntos Corporativos de Rappi México, también destacó que Rappi busca acelerar el desarrollo económico y social a través del comercio electrónico, con impacto a 450 mil repartidores. Y aunque la plataforma está comprometida con dar garantías a los repartidores, también consideró que se debe ser muy consciente de las consecuencias.

En ese sentido, Roqueñí sostuvo que el debate se debería centrar en cómo garantizar la seguridad social en todos los esquemas, independientemente del estatus de la laboralidad de las personas o si tienen un empleo tradicional.

“El debate no es si son o no trabajadores, porque eso viene de la concepción tradicional de un patrón y empleado, pero que no se adecúa al contexto actual en el que las personas utilizan sus propios talentos y recursos para generar recursos flexibles”, dijo durante su intervención.

Diana Celis Mora, consejera Distrital de TIC de Colombia, destacó también el papel que han jugado las plataformas para resolver diversos retos en la ciudad de Bogotá, desde la movilidad, hasta ofrecer una alternativa para generación de ingresos a los habitantes y los migrantes. Estima que hay cerca de 3 mil conductores que utilizan estas plataformas para generar ingresos.

Aunque reconoció que hay retos respecto a la seguridad social en las plataformas, alertó que no se puede perder de vista su relevancia económica. Las plataformas no solo tienen presencia en áreas como reparto y movilidad, sino que existe un mundo heterogéneo en el que las plataformas ayudan a disminuir problemas como la empleabilidad.

Respecto a la polémica Ley Rider que fue emitida en España para regular el sector, los ponentes criticaron que se hizo ignorando a los participantes del sector, pero también sin medir el impacto que iba a tener en los socios trabajadores.

Gustavo Gaviria, fundador y Portavoz Nacional de Repartidores Unidos, denunció que cuando se discutía la Ley Rider, los socios de plataformas realizaron 35 manifestaciones con más de 10 mil repartidores en las calles, con 11 solicitudes de reunión con el Ministerio de Trabajo, quien nunca los recibió o dio respuesta alguna. 

“Se hicieron manifestaciones con el objetivo de seguir siendo autónomos con un marco de derechos reforzados”, dijo Gaviria, pero acusó que “nunca se nos tomó en cuenta, pese a las advertencias de despidos y de precarización de los repartidores y que solo se provocaría la externalización del trabajo”.

“Una ley precedida de cuatro folios de exposición de motivos ideológicos, que no exponían ningún dato del sector. Es decir, se hizo una ley que ignoraba cuántos personas iba a afectar, qué impacto en el sector iba a tener, o las condiciones a cumplir. Una ley de un único artículo de dos párrafos, […] que se supone debe regular el futuro de una digitalización, pero que expone una presunción de laboralidad que aboca a nuestro sector a la judicialización”, añadió.

El representante expuso que la ley provocó despidos masivos en el sector, tras la salida de Uber Eats que dejó sin ingresos a 4 mil 400 repartidores, la finalización de operaciones de Deliveroo que también dejó sin trabajo a 3 mil 800 personas, y la finalización del esquema de autónomos de Amazon Flex.

Mariño afirmó que el sector “no se debería regular, sino que el mercado debe estar abierto a seguir entendiendo la realidad de los ciudadanos, y partir de principios como la neutralidad tecnológica, protección al usuario, protección al trabajador, la competencia justa, y promover los sandbox regulatorios para estar en permanente escucha a ciudadanos, academia y trabajadores” para que no se repita el caso de la Ley Rider.

Finalmente Roqueñí coincidió que se debería evitar la sobrerregulación, mientras el sector está atento al resultado del debate que va a suceder en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y cuya recomendación va a impactar a todos los países miembros.