España prepara su reglamento para un uso “ético y beneficioso” de la IA

España debe adaptar el reglamento IA en vigor dentro de la Unión Europea a la normativa local y ya dio el primer paso para hacerlo con la presentación oficial del anteproyecto en la materia. Se revisará por vía de urgencia antes de volver al Consejo de Ministros para su aprobación como proyecto y el envío a las Cortes para su tramitación final.

El reglamento, consecuencia de la aprobación de la Ley IA, prohíbe determinados usos potencialmente maliciosos de la Inteligencia Artificial, introduce obligaciones más rigurosas para los sistemas considerados de alto riesgo y establece requisitos mínimos de transparencia para el resto. Además, incorpora un nuevo derecho digital de retirada provisional del mercado español de sistemas de IA por la autoridad de vigilancia cuando se registre un incidente grave.

Prohibiciones

El documento propone sanciones para sistemas que generen acciones prohibidas tales como: utilizar técnicas subliminales para manipular decisiones sin consentimiento; explotar vulnerabilidades relacionadas con la edad, la discapacidad o situación socioeconómica de las personas; clasificar a personas o grupos según raza, orientación política, sexual o religiosa; puntuar individuos o grupos según comportamientos o rasgos personales; valorar el riesgo de que una persona cometa un delito basándose en datos personales como su historial familiar; inferir emociones para la promoción o despido laboral o puntuar individuos basándose en sus comportamientos sociales como método de selección.

Las sanciones que se pondrán para este tipo de sistemas oscilan entre los 7.5 y los 35 millones de euros, o entre el 2 y el 7 por ciento del volumen de negocio mundial del ejercicio anterior, si esta última cifra es superior, salvo en el caso de pymes, que podrá ser la menor de las dos cuantías.

Alto riesgo

Se consideran sistemas de IA de alto riesgo a todos aquellos que puedan añadirse como elementos de seguridad de máquinas industriales; los que forman parte de ámbitos críticos como biometría, infraestructura crítica, educación o formación profesional y sistemas creados para su uso en la administración de justicia, procesos democráticos o como herramienta para la garantía de derechos. Todos ellos tendrán que cumplir con obligaciones adicionales ante autoridades nacionales responsables del sector afectado o la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA).

“La IA es una herramienta muy poderosa, que puede servir para mejorar nuestras vidas o atacar a la democracia; puede tener buenos usos o malos usos. Puede ser utilizada para investigar el cáncer, para prevenir catástrofes naturales, para descubrir nuevos medicamentos; o puede ser usada para difundir bulos y mentiras, esparcir odio y atacar a nuestra democracia. Por eso es oportuno su buen uso y gobernanza”, consideró el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

Apoyo IA

El reglamento europeo insta a los países miembro a establecer al menos un sandbox IA que fomente la innovación y facilite el desarrollo, la formación, las pruebas y la validación de sistemas innovadores. Aunque la obligación corre desde agosto de 2026, España ya lanzó una convocatoria para seleccionar hasta 12 sistemas, los cuales durante un año participarán de un entorno controlado de pruebas.