Muente aboga por autonomía y capacidad técnica de Osiptel y reguladores

Rafael Muente, suspendido como presidente del Organismo Supervisor Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) por 365 días por una capacitación que recibió, se manifestó en contra de los cambios recientes al interior del regulador peruano de las telecomunicaciones.

En particular, criticó el reemplazo del personal profesional del Osiptel por personas que, aseguró, son de la “confianza personal” del nuevo presidente designado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), con cuyo titular ya ha hecho público un conflicto derivado de una “relación profesional accidentada” en el pasado.

A través de un post en X, Muente explicó que, previamente, en el organismo reclutaban los cargos “con headhunters bajo un modelo meritocrático, como se hace en el sector privado”. Detalló que diseñaron planes de sucesión, evaluaciones de desempeño, entrenamiento en retroalimentación (feedback) e incluso contrataron a un coach para mejorar el desempeño de sus cuadros clave.

Muente aseguró que la mayoría de los nuevos miembros proviene de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y agregó que posteriormente varios de ellos fueron trasladados al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Autonomía de los reguladores

A través de una publicación más larga en LinkedIn, Muente calificó estas acciones como una injerencia gubernamental en la autonomía del regulador, luego de que, a su juicio, la PCM, la entidad a la que está adscrito, la respetara “durante casi tres décadas”.

El abogado denunció el “deterioro institucional del país” y criticó la propuesta de la PCM de fusionar los reguladores por contravenir las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Finalmente, Muente aseguró que las acciones recientes exhiben que el modelo de adscripción se agotó, por lo que concluyó que es necesario avanzar en el rediseño de un modelo de gobernanza basado en las fórmulas exitosas de los países miembros de la OCDE que preserve reguladores independientes “que se manejen técnicamente […] sin injerencias políticas”.