Predicciones DPL News 2025 | Regulación de Inteligencia Artificial: equilibrio para no matar la innovación

El 2025 será el año en que América Latina pase del coqueteo a la acción en materia de Inteligencia Artificial. Entre los retos más urgentes, no porque sea un debate indispensable, sino porque así lo marcan las agendas de sus países, es decidir si regular es la forma correcta de viabilizar su desarrollo en un entorno seguro, responsable y más aún, que respete el pleno disfrute de derechos como el de la privacidad.

“Riesgos” es una palabra recurrente en los debates en torno al desarrollo de Inteligencia Artificial que han tenido lugar en distintos escenarios de América Latina (y el mundo). Incluso encontrar respuestas en ese sentido parece más importante que abordar una definición de IA que convenza a todos los involucrados, que son cada vez más en cantidad y diversidad de sectores.

La Unión Europea dio su paso y ya tiene su propia Ley de Inteligencia Artificial. De hecho, publicó recientemente su borrador de buenas prácticas para su uso y desarrollo, en la que también los riesgos son protagonistas. Por si gusta tomar nota América Latina, se plantean entre varios la manipulación, discriminación a gran escala y peligros químicos, biológicos y nucleares. Otro apartado es más directo: “pérdida de control”.

Según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA 2024), 12 de 19 países de la región carecen de estrategias de IA sistemáticas, integrales y actualizadas. Los otros siete (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, República Dominicana y Uruguay) sí han cumplido con este paso que parece obligatorio para siquiera abordar la posibilidad de regular en la materia.

Iniciativas no faltan. El mismo informe identificó al menos 38 propuestas legislativas relacionadas a IA en América Latina. Estos debates deberán superar algunos desafíos latentes: su fundamentación primero, su disparidad después (cada texto tiene un enfoque muy particular). Un tercer punto a atender es el foco, pues la IA se consolida como elemento transversal que roza distintos sectores e intereses, lo que se traduce en falta de claridad entre competencias y procedimientos. ¿Quién debe hacer cumplir la ley?

Aunque hay avances específicos en algunos países, como la Política Nacional de IA de Chile o el Plan Brasileño de Inteligencia Artificial, la región apuesta a una visión conjunta del tema que quedó plasmada en la Declaración de Santiago, donde 20 países coincidieron en que los Estados deben anticipar e impulsar políticas para el diseño, desarrollo y uso seguro, ético y responsable de esta tecnología.

Alejandro Kawabata, de la Secretaría General Iberoamericana, adelantó en la Novena Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe que “está sobre la mesa la búsqueda de un consenso para adoptar un comunicado especial sobre Inteligencia Artificial”. Cuando suceda, posiblemente existan nuevas pistas sobre la postura de los gobiernos de la región sobre el tema.

Mientras algunos países buscan presentarse como sitios ideales para el desarrollo de IA, como Argentina, la región está ad portas de un año en el que el debate será protagonista. Las conclusiones de estas discusiones se verán plasmadas, quizás, en textos específicos que deberán encontrar un equilibrio para proteger sin alterar el desarrollo. Cualquier error, aun impulsado por buenas intenciones, podrá ser otro palo en la rueda para la innovación.

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