ALAI refuta a Ministerio de Hacienda de Brasil sobre regulación de servicios digitales

La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) publicó un análisis técnico que cuestiona la necesidad de una regulación económica específica para los servicios digitales, ya que, según su conclusión, no existe una falla de mercado comprobada que justifique esta intervención. La Asociación defiende que se realicen más debates antes de la implementación de cualquier propuesta regulatoria.

El análisis fue elaborado por el profesor Carlos Ragazzo, de FGV Direito en Río de Janeiro, sobre las propuestas de regulación económica para el mercado brasileño presentadas por el Ministerio de Hacienda en octubre de 2024.

En este sentido, Ragazzo sugiere que la regulación debe incluir la identificación de fallas en el mercado y un análisis riguroso de costos y beneficios para garantizar la proporcionalidad de las imposiciones. Además, critica la adopción de modelos extranjeros en el contexto latinoamericano y específicamente brasileño, citando como ejemplos el Digital Markets Act (DMA) de la Unión Europea y el Digital Markets, Competition and Consumer’s Act (DMCC) del Reino Unido, que aún están en proceso de ajuste.

El profesor enfatiza que regulaciones excesivas pueden elevar significativamente los costos operativos para las empresas de tecnología, especialmente para startups y pequeñas empresas que dependen de plataformas digitales para expandir sus servicios.

Para él, la imposición de requisitos diferenciados para “empresas sistémicamente relevantes” puede crear un entorno en el que las startups y pequeñas empresas no puedan competir en igualdad de condiciones con las grandes plataformas, ya que las obligaciones podrían ser desproporcionadas en relación con sus capacidades operativas.

“Por eso, el mantenimiento del consumer welfare standard es relevante. Debe ser visto como un mecanismo que obliga a las empresas a innovar en beneficio del consumidor, siendo el criterio a utilizar en la evaluación de las conductas en relación con la competencia y el bienestar de los consumidores”, señala.

En este ámbito, también se plantea el fortalecimiento del poder del CADE (Consejo Administrativo de Defensa Económica) para evitar un aumento de disputas jurídicas, agregado a riesgos de incertidumbre e inestabilidad que podrían alejar a los inversores y dificultar la operación empresarial en Brasil.