La industria peruana de las telecomunicaciones, agremiada en la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), advirtió que distintos proyectos radicados en el Congreso de la República podrían frenar el acceso a Internet para millones de habitantes.
En línea con lo que había manifestado en los años previos, el gremio reiteró que castigar con cárcel a directores y gerentes de empresas de telecomunicaciones por la promoción, distribución y comercialización de servicios móviles en la vía pública y a cualquier ciudadano que active una línea con errores en la información, como lo estipulan los Proyectos de Ley Nº 9136/2024-CR, 9240/2024-CR y 9656/2024-CR, no sólo no detendrán las extorsiones, sino que incluso “frenarán el acceso a servicios móviles e Internet por parte de los peruanos”, especialmente en las zonas alejadas, detalló en un comunicado publicado este miércoles 9 de abril.
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De acuerdo con la asociación, esto sucederá por cuatro razones:
- AFIN argumenta que “no hay relación alguna entre las actividades que se supone penalizar y la extorsión o la comisión de otros delitos”: equivocarse en el registro del nombre del cliente por una letra, promocionar productos con un cartel publicitario, realizar el proceso logístico de comercialización móvil o vender en un puesto en la vía pública o en una feria itinerante no necesariamente están vinculados a delitos ni motivados por el dolo, según la asociación.
- Tecnologías sofisticadas de fraude: los operadores argumentan que los criminales ya usan técnicas más sofisticadas y difíciles de rastrear, como llamadas por Internet desde otros países con numeración alterada, líneas móviles en roaming, redes informales de fibra óptica no reguladas o la reventa ilegal de Internet mediante el uso de antenas WiFi que permiten conectar incluso las cárceles.
- Riesgo para la industria y la conectividad: según el gremio, la medida ahuyentará la inversión, afectará la estabilidad del sector y retrasará la llegada de Internet a los 3 millones de peruanos que aún están desconectados. Incluso advierte que puede afectar la implementación de nuevas tecnologías móviles, como 5G.
- No existe consenso internacional: la asociación expone que otros países de la región, como México, Argentina y Chile, no tienen leyes que castiguen penalmente a los directivos por las ventas ambulatorias. Refiere que en estos países las sanciones son administrativas y los esfuerzos se centran en mejorar los controles, en lugar de criminalizar a los proveedores de servicios.
Finalmente, la AFIN exhortó al Congreso a reconsiderar las propuestas y enfocarse en soluciones reales que fortalezcan la verificación de datos y ataquen la raíz de la criminalidad, sin castigar a quienes impulsan la conectividad en el país. “Es clave garantizar la seguridad jurídica para asegurar más inversión y más acceso a Internet para todos los peruanos”, concluyó.
