Ley antimonopolio ¿y las inversiones?

El Economista Jorge Bravo

La iniciativa de Ley Federal Antimonopolio y de Competencia Económica, presentada por el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, profundiza riesgos del pasado como exceso de intervencionismo, incertidumbre jurídica para los inversionistas y una visión que no favorece la innovación ni la prosperidad económica. 

La propuesta de Ramírez Cuéllar busca redefinir la política de competencia en México. Propone la creación de la Agencia Nacional para la Competencia y el Bienestar Económico, dotándola de mayores facultades de supervisión y sanción, incluida la posibilidad de imponer multas más severas a las empresas que incurran en prácticas anticompetitivas. Estas multas podrían alcanzar hasta 20% de los ingresos acumulables del grupo al que pertenezca el infractor en casos de colusión, y de 10% por abuso de poder dominante.

La historia reciente de la competencia en sectores clave como las telecomunicaciones advierte que una política mal diseñada lleva al resultado opuesto al deseado. Uno de los principios fundamentales de cualquier regulación de competencia es encontrar un equilibrio entre fomentar la rivalidad en los mercados y garantizar que las empresas tengan incentivos para invertir y crecer. El sector telecom en México es el mejor ejemplo de cómo una regulación mal calibrada puede generar distorsiones.

Las reformas estructurales promovidas en la administración de Enrique Peña Nieto y diseñadas por Luis Videgaray se centraron en debilitar la concentración de mercado, pero en la práctica no aumentaron la competencia efectiva. En lugar de ampliar la oferta y la cobertura, la regulación consolidó el mercado de cuatro operadores principales a sólo dos y limitó la expansión de la infraestructura de telecom.

La iniciativa de Ramírez Cuéllar repite estos errores. Si bien la nueva agencia podría mejorar la supervisión de los mercados, también amenaza con incrementar la intervención del Estado en sectores estratégicos sin ofrecer soluciones a los problemas estructurales de inversión y cobertura.

El artículo 6° constitucional establece que “las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias”. Sin embargo, la práctica regulatoria ha puesto un énfasis desproporcionado en “las condiciones de competencia”, dejando de lado otros elementos como la pluralidad, la cobertura universal y la convergencia, todas ellas asignaturas pendientes a más de una década de la reforma en materia de telecomunicaciones de Peña-Videgaray.

Es fundamental reconocer que el ejercicio de un derecho fundamental no puede estar sometido al principio de competencia, ya que esto dificulta que los servicios de telecomunicaciones lleguen a todos los habitantes, especialmente en las zonas donde es poco rentable invertir y desplegar redes.

El problema de acceso a servicios en regiones rurales y marginadas no se soluciona sólo con competencia. La competencia por sí misma no garantiza inversiones en infraestructura donde no hay rentabilidad inmediata. Regulaciones excesivamente estrictas (como es el caso de la preponderancia y la regulación asimétrica) desincentivan la expansión de redes y limitan la recuperación de inversiones a largo plazo.

Otro punto clave de discusión en la iniciativa es el papel de la regulación asimétrica, un factor limitante en la expansión de las telecomunicaciones en México. Mientras que en mercados urbanos con alta densidad de usuarios puede justificarse una regulación más estricta para evitar monopolios, en zonas rurales y semiurbanas el problema no es la falta de competencia, sino la ausencia de infraestructura y de servicios. Obligar a los operadores a compartir redes o a restringir sus tarifas hace inviable la expansión de servicios en estos lugares.

La propuesta de ley no aborda este tema con la profundidad que merece. En cambio, plantea un endurecimiento de medidas que genera incertidumbre en las inversiones futuras, lo que a largo plazo perjudicará aún más la conectividad y el acceso universal a servicios digitales.

En lugar de insistir en un modelo de regulación punitiva que desincentive la participación privada, México necesita una política de competencia que fomente la inversión, la innovación y el desarrollo de infraestructura.

La nueva legislación debería detonar la inversión en infraestructura digital. En lugar de sancionar la concentración de mercado en un entorno altamente cambiante, deben crearse las condiciones para que los operadores expandan sus redes, especialmente en regiones menos rentables.

El éxito de una política de competencia se mide por su impacto real en precios, calidad, acceso e innovación, no por el número de competidores en el mercado. Las políticas deben diseñarse con un enfoque pragmático de generación de inversiones, no dogmático, como ha sido el enfoque pro competencia en telecomunicaciones en México. La creación de un nuevo regulador no debe traducirse en cambios constantes de reglas. La estabilidad regulatoria es clave para atraer inversiones a largo plazo.

La competencia es sólo un factor en el desarrollo de mercados eficientes, pero no es el único. Se requieren políticas complementarias en materia de financiamiento, incentivos fiscales y colaboración público-privada para impulsar el crecimiento económico.

La iniciativa de Ley Federal Antimonopolio y de Competencia Económica de Ramírez Cuéllar parte de un objetivo legítimo: evitar prácticas monopólicas y fomentar un mercado más equitativo. Sin embargo, el diseño de sus medidas generarán efectos adversos sobre la inversión, la innovación y la cobertura de servicios esenciales como las telecomunicaciones. En lugar de repetir los errores del pasado neoliberal, el Congreso debe tener claro que la meta no es la libre rivalidad entre empresas, sino generar inversiones para robustecer las infraestructuras digitales para generar desarrollo económico y bienestar para la población.