Congreso brasileño busca anular el decreto que quitó poderes a la Anatel

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El Proyecto de Decreto Legislativo (PDL) 614/24 tiene como objetivo suspender el Decreto nº 12.282/24, que transfirió al Ministerio de Comunicaciones (MCom) la competencia para determinar la aplicación de los recursos recaudados en las subastas de espectro, como la de 5G de 2021. Anteriormente, esta atribución era de la Anatel.

Según la diputada Adriana Ventura (Novo-SP), autora del PDL, el decreto compromete la transparencia y la independencia regulatoria, contraviniendo los dispositivos de la Ley General de Telecomunicaciones que garantizan la autonomía administrativa de la Anatel.

Como ejemplo de este argumento, destacó que el MCom “tendría libertad” para gestionar aproximadamente 3,1 mil millones de reales destinados al programa Escuela Conectada, que busca proporcionar Internet a 40 mil escuelas públicas, una atribución de la Anatel.

Sin embargo, el PDL 614/24 aún debe ser analizado por las comisiones de Comunicación y de Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJ) antes de seguir a la votación en el Pleno. Para ser aprobado, necesita la aprobación tanto de la Cámara de Diputados como del Senado Federal.

Recursos de la Unión

El Congreso Nacional también aprobó este jueves, 20, el Presupuesto de la Unión para 2025, totalizando 5,9 billones de reales. El MCom recibirá 2,12 mil millones de reales, un 3,94 por ciento más en comparación con el presupuesto de 2024, y de esta suma, 765 millones de reales serán destinados a la Anatel, es decir, un 15 por ciento más que el año anterior.

Para el Fondo de Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones (Fust) se prevén 30 millones de reales, un valor inferior a los 52 millones de 2024 para proyectos no reembolsables, destinados a iniciativas que buscan expandir y mejorar las redes de telecomunicaciones en el país.

Además, existen proyectos financiados por el Fust en modalidades reembolsables, totalizando 1,256 mil millones de reales.

Cabe resaltar que, aunque el presupuesto total aprobado sea de 5,9 billones de reales, una parte significativa de esta suma está destinada al refinanciamiento de la deuda pública, a la seguridad social y al presupuesto fiscal, que financia los tres poderes de la República, sus fondos, órganos y autarquías.

De esta forma, las mayores partidas fueron destinadas a los Ministerios de Previsión Social (R$ 1,037 billones), Desarrollo Social (R$ 288,4 mil millones), Salud (R$ 246,6 mil millones), Educación (R$ 197,8 mil millones), Defensa (R$ 133,3 mil millones) y Trabajo y Empleo (R$ 122,7 mil millones).